El 31 de agosto de 2025, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue escenario de notable movilización religiosa: más de 30,000 fieles evangélicos desfilaron en las calles para exigir la paz y denunciar la escalada de la violencia dirigida a las comunidades cristianas indígenas. Esta marcha pacífica, organizada bajo la dirección del pastor José Pérez Pardo de la Iglesia Jesús Es El Camino, comenzó en Diana Cazadora y terminó en el parque central de la capital, afirmando la voluntad de las iglesias evangélicas mexicanas para defender la no violencia y la cohesión social.
Simultáneamente, en el estado de Oaxaca, la comunidad protestante de San Isidro Arenal experimentó una situación dramática. Tras un acuerdo local que data de 1993 imponiendo catolicismo exclusivo en esta aldea, la última familia protestante restante se vio obligada el 6 de agosto a abandonar su tierra, su iglesia quemada y su propiedad destruida por un grupo de 300 personas según la organización CSW. Desde noviembre de 2023, estas familias se han sometido a violencia, expulsiones y arrestos arbitrarios. Los pastores militares Sarmiento Alavés y Esdrás Ojeda Jiménez, quienes vinieron a asistir a un juicio, fueron atacados durante una manifestación y detenidos varias horas antes de ser liberados por la policía.
La Federación de Pastores de Oaxaca, a través del abogado Porfirio Flores, lanzó una apelación urgente a las autoridades locales y federales para garantizar el respeto por la libertad religiosa, sin embargo, un principio inscrito en la constitución mexicana, pero aún a menudo se convierte. Estos hechos ilustran la complejidad de la convivencia religiosa en ciertas áreas indígenas de México, donde los usos y las costumbres de la comunidad a menudo tienen prioridad sobre los derechos civiles fundamentales.
Las iglesias evangélicas mexicanas desempeñan un papel cada vez más asertivo en la defensa de las libertades fundamentales y la movilización social contra la persecución religiosa.
